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Señor Director:

En columna publicada en “El Mercurio”, el pasado martes 23 de noviembre, los señores Miguel O’Ryan Gallardo, vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, y Juan Larraín Correa, vicerrector de Investigación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, anuncian la disposición de sus universidades de trabajar por el desarrollo de un Plan Nacional Integrado de Ciencia y Tecnología para Chile, el que será, afirman los columnistas, una “hoja de ruta” que dé paso a la generación de “leyes, organismos, estructuras de gestión y financiamiento para la ciencia y la tecnología que sirvan de trampolín definitivo para alcanzar tan anhelada meta” (el desarrollo).

Junto con valorar dicha convocatoria, y suscribirla en lo fundamental, deseo manifestar que para que una política transformadora de nuestro sistema científico y tecnológico sea tal, también debe incluir un profundo esfuerzo de transformación cultural al interior de las universidades y centros de investigación. Esta transformación no necesariamente requiere de leyes o nuevas estructuras, sino que más bien de expresiones de voluntad corporativa que promuevan una mayor integración entre los actores sociales -las necesidades sociales- y los investigadores, facilitando el encuentro productivo con los científicos de nuestro país.

Actualmente, un patrón que sigue la mayoría de las universidades complejas es la promoción de incentivos para la investigación y la docencia. Sin embargo, un pilar fundamental como la extensión queda de lado, a merced de la voluntad y del sacrificio personal de cada investigador o investigadora. Se premian el número e impacto de publicaciones indexadas, la adjudicación de proyectos de investigación, las innovaciones en docencia (sólo recientemente y en algunas universidades, habrá que precisar), pero nada respecto del tiempo y recursos que los científicos deben gastar para estar en un adecuado contacto con la sociedad.

Esta es una responsabilidad que está en el lado de las instituciones de investigación, públicas y privadas. No enfrentarla, proponiendo un balance de incentivos entre investigación, docencia y extensión, hará estériles los esfuerzos en materia de innovación y de transferencia por una razón muy simple: los científicos chilenos van a dedicar tiempo y recursos a tareas que les reportan beneficios a sus carreras, y eso, ahora, es producir y producir papers científicos y hacer clases a oleadas interminables de estudiantes con bajos estándares académicos. El resto queda para después.

La meta de lograr el desarrollo en no más de 15 años, planteada por los columnistas, es ambiciosa, pero no imposible. Las instituciones de investigación de nuestro país deben entender que parte esencial del logro de dicha meta está en sus manos y no necesita ninguna ley.

Francisco Morey Cañoles

Profesor Periodismo Científico Universidad Austral de Chile

RÉPLICA

Martes 30 de Noviembre de 2010

Ciencia y Tecnología

Señor Director:

Los vicerrectores de Investigación de las dos principales universidades de nuestro país, Dres. Juan Larraín y Miguel O’Ryan, han propuesto el día martes 23 de noviembre en “El Mercurio” lo que ellos denominan una “política nacional” en materia de investigación científica y tecnológica, que facilite el tránsito de Chile hacia el desarrollo. El señor Francisco Morey adhirió el sábado a esta propuesta, poniendo énfasis en la necesidad de una transformación al interior de las universidades y centros de investigación, descartando la necesidad de una nueva legislación para promover dichos cambios.

Aquellos que estamos vinculados de manera directa a la investigación, sabemos que el país necesita de cambios estructurales más complejos y de carácter nacional. Actualmente, si nos comparamos con los países miembros de la OCDE, presentamos serias deficiencias en diversos indicadores. La inversión en investigación y desarrollo nacional, extremadamente baja en comparación al promedio OCDE, es sólo uno de ellos. Además, respecto a dichos países, Chile presenta una deficiencia de casi dos mil investigadores por cada millón de habitantes, y la valoración de la ciencia por parte de la ciudadanía es muy baja.

Para mejorar estos indicadores, es el Gobierno el que debe generar cambios de carácter nacional, impulsando la inversión pública y privada en ciencia (hasta alcanzar el 2% del PIB para acercarnos el promedio OCDE), promover la actividad científica y su importancia para que Chile alcance el desarrollo y asegurar la generación de oportunidades y financiamiento para nuevos investigadores, todo lo cual va de la mano con la necesidad de una nueva institucionalidad científica, de carácter ministerial (como en la mayoría de los países desarrollados). Las universidades deben asumir también un rol protagónico en la difusión de sus actividades de investigación, lo que requiere no obstante de la participación del Estado en promover una cultura de la investigación y la innovación para que dichas actividades sean valoradas por la ciudadanía.

Pablo Astudillo Besnier

Ing. en Biotecnología Estudiante de Doctorado en Ciencias

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Un pensamiento en “Carta a El Mercurio 27 noviembre 2010 y réplica

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